El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe, expresó este lunes, en su primer día de visita a Honduras, que éste país “es un baluarte de valor civil y democrático” pese a que el actual Gobierno es cuestionado por haberse elegido en condiciones inconstitucionales.
“Estoy muy feliz de volver estar en esta tierra, ayer cuando venía para acá escribí en el Twitter 'voy a Honduras baluarte del valor civil y democrático'", dijo el ex gobernante a una radio local.
Aseguró que “Honduras en los últimos meses muestra un buen desempeño de la economía sostenida con una alta tasa de inversión con confianza de parte del sector privado y con responsabilidad social sostenible”.
Señaló además que “para potenciar un país es necesario la seguridad para la inversión, que tiene tres componentes: primero la seguridad física, hay que estar derrotando a los criminales; segundo, la seguridad política, hay que dar señales claras que el país necesita de la inversión; y tercero, la seguridad legal”.
Honduras tras el golpe de Estado de julio 2009 contra el ex mandatario, Manuel Zelaya, se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo, con una tasa de homicidios de 78,8 por cada 100 mil habitantes, según un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
Asimismo, un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el pasado 3 de noviembre que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante y después del golpe de Estado en Honduras (junio 2009), siguen impunes.
Pese a todo esto, el ex gobernante colombiano aseguró que “Honduras está haciendo un gran esfuerzo de reconciliación, un manejo con toda dedicación y prudencia y me pregunto ¿por qué la comunidad internacional en algunos sectores todavía tiene esa reticencia ante este país?.
Gran parte de la comunidad internacional no reconoce el actual Gobierno hondureño liderado por Porfirio Lobo por considederar que su mandato se desarrolla en medio de una ruptura constitucional y sin las transparencias necesarias.
Lobo llegó al poder tras ganar unas polémicas elecciones el 29 de noviembre de 2009, a las que el mundo le dio la espalda por realizarse bajo un gobierno de facto liderado por Roberto Micheletti.
Los países latinoamericanos alcanzaron un acuerdo en el que se decidió la suspensión de Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA) por violentar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.
Esta carta establece que cuando se constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, se puede suspender a dicho Estado.
La medida fue aprobada en julio de 2009 con el voto unánime de sus 33 miembros (excepto Honduras), durante una reunión extraordinaria convocada para conocer el informe presentado por el secretario general, José Miguel Insulza, tras la visita que realizó a Honduras.
A pesar de este consenso, el ex presidente Uribe señaló que “la OEA tiene que reincorporar a Honduras, no puede ser que prevalezcan aquellos que quisieron venir a invadir a Honduras sobre la economía y las instituciones del país”.
“Entonces estamos en mora con el reintegro de Honduras a la OEA”, reiteró.
Estas palabras son emitidas por el mismo ex jefe del Estado colombiano que está siendo interpelado por la justicia de su país por haber presuntamente ordenado, a la Oficina de Análisis del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), efectuar escuchas telefónicas, mejor conocidas como chuzadas, para desprestigiar a líderes políticos, congresistas y políticos de la oposición de su país.
Además, sobre sus hombros pesa la creación de una política de Seguridad Democrática para disminuir la violencia interna que vive Colombia desde hace más de sesenta años, que según organizaciones no gubernamentales, más bien impulsó la creación de más grupos paramilitares.
El director de la Coorporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, había indicado el 26 de noviembre de 2009 que al conflicto de seguridad ingresó una nueva generación de paramilitares, que actúa principalmente en Medellín. “En el país tenemos cerca de unos 11 mil activos", aseguró.
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